Razón de ser del Derecho penal

Razón de ser del Derecho penal

Razón de ser

El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social puesto que es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través del resguardo de sus bienes jurídicos de gran importancia para el sistema social, además de que busca garantizar la paz  a través de la motivación del individuo por medio de la amenaza de la pena.

Dos tendencias de hoy

Derecho penal mínimo

Según esta tendencia el Derecho Penal debe ser la última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito).

El abolicionismo

El abolicionismo es una doctrina que ampara la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideran atentatorios a principios éticos y morales.

Plantea como premisa básica el fracaso de la cárcel y cada una de las herramientas del sistema penal a la hora de resolver y/o regular exitosamente los conflictos sociales. Dicho en otros términos, para el abolicionismo penal el sistema penal nunca resolvió una controversia, su puesta en marcha no genera ninguna consecuencia positiva.

La dispersión de las leyes penales

Esta se refiere a la excesiva promulgación de leyes de contenido punitivo, las cuales viene a incrementar los espacios de intervención del derecho penal, siendo esto evidentemente contrario a la deseable reducción de la intervención punitiva en las relaciones sociales, por sus consecuencias perjudiciales y su naturaleza violenta.

En el ordenamiento jurídico venezolano no resulta difícil encontrar dicha dispersión, razón por la cual es posible verificar la existencia de una gran cantidad del leyes especiales que tipifican delitos y establecen la aplicación de la pena en relación con las más variadas materias, (Ejemplo, Ley contra delitos informáticos, ley penal del ambiente, ley contra la corrupción, lopnna), por lo que es fácil encontrar en casi cualquier ley contiene un capitulo relativos a los delitos y las penas.

La dispersión de las leyes penales en definitiva es un fenómeno indeseable, ya que refleja al derecho penal no como última opción, sino por el contrario como la primera opción  a la que debe acudirse para afrontar un determinado problema, por lo que es sin duda alguna un fenómeno que contribuye al establecimiento de un derecho penal máximo.

Derecho penal del enemigo

Este hace referencia a un orden penal cuyos ciertos medidas difieren ciertamente  del derecho penal tradicional, El DPE es aplicable solamente en el caso de la comisión de crímenes por parte de enemigos de la sociedad especialmente en los supuestos de terrorismo, de manera que en tales casos se seguirán pautas distintas a las que definen al derecho penal (Principio de legalidad, principio de culpabilidad, proporcionalidad, igualdad etc.)

La experiencia histórica demuestra cómo los regímenes totalitarios etiquetan y estigmatizan precisamente como “enemigos” a los disconformes, y cómo aquéllos dictan leyes penales que, sin contenido alguno de justicia, establecen más bien mecanismos de “guerra” contra los etiquetados como enemigos. Así, con el Derecho penal del enemigo nos remontaríamos al Derecho Penal de los regímenes totalitarios de guerra y dictadura.

Función del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho y de justicia

En un Estado de estado social y democrático de derecho y de justicia es indispensable el control constitucional de sus leyes, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, la independencia de los poderes públicos, la legalidad de los actos de la administración como mecanismo jurídico anti totalitario y su control judicial, la garantía de las libertades públicas y los derechos fundamentales.

El control del poder punitivo del Estado en cualquier sociedad debe encaminarse a que la aplicación de las normas penales excluya la arbitrariedad y el exceso por parte de quienes ejercen ese poder para imponer sanciones penales. El derecho penal, como conjunto de normas jurídicas, refleja qué es lo que la voluntad general expresada en ley quiere castigar. El derecho del Estado para imponer penas debe tener unos límites con el fin de garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario estatal.

El derecho penal debe orientar su función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad; en otras palabras, el bien jurídico debe ser límite del Ius Puniendi.