La Culpabilidad (Imputación personal del injusto)

El elemento de culpabilidad del delito, está referido precisamente al ámbito del autor, es decir, de la persona que ha cometido la acción típica y antijurídica. No hay delito sin un hecho (acto) y tampoco puede haberlo sin una persona que haya realizado aquel (autor).

La culpabilidad es la actuación injusta (es decir, típica y antijurídica) que realiza una persona a pesar de tener alcance por la norma, es decir, aun cuando podía haber seguido el mensaje normativo y actuar de conformidad con el mismo. Así, se puede realizar la imputación personal cuando el individuo ha actuado injustamente pese a haber podido orientar su conducta de conformidad con el llamado de la norma.

Se ha dicho ya que la culpabilidad está directamente referida al mensaje contenido en la norma penal, es decir, a la indicación normativa que expresa que la persona debe abstenerse de hacer algo o hacerlo, agregándose que para poder realizar la imputación personal del injusto pena es indispensable que la persona haya podido tener acceso a un tal mensaje, de modo que pueda orientar su conducta conforme al mismo, (por ejemplo, al encontrarse tipificado el homicidio, abstenerse de matar).

Determinismo e Indeterminismo

Cuando se habla de determinismo quiere expresarse que cuando el ser humano actua lo hace determinado por ciertos factores condicionantes de su conducta (sociales, biológicos, psicológicos, etc). El determinismo, en consecuencia, niega firmemente que la persona sea libre en sus actos, afirmando que es imposible demostrar la existencia del libre albedrio.

De esta forma, no puede defenderse la exigencia de culpabilidad, pues la persona no es libre, no pudiendo serle reprochado un acto que estaba destinado a cometer, con lo que para los partidarios del determinismo no tendría sentido considerar  a la culpabilidad como un elemento del delito.

El indeterminismo sostiene, en el polo opuesto, que la persona no está en modo alguno determinada fatalmente a actuar de una cierta forma, pronunciándose a favor de la existencia de la libertad de voluntad y la capacidad de autodeterminación, entendiendo de ese modo que la persona es libre en sus actos, no pudiendo excusarse por lo que hace o deja de hacer en virtud de factores que intervengan en su comportamiento.

Esta concepción indeterminista postula el reconocimiento de la libertad de la persona y, en consecuencia, de su posibilidad de autodeterminación, guiada por la voluntad y la inteligencia, y que la persona puede colocar al servicio del Bien o del Mal, de lo lícito o lo ilícito, en virtud de lo cual la persona de hace responsable de sus actos, tanto buenos como malos, acreditándosele así el mérito, o el reproche por los mismos.

Teorías sobre la Culpabilidad. Evolución

Teoría Psicológica:

De acuerdo con la teoría psicológica, la culpabilidad debe ser entendida como un mero hecho psicológico, por constituir un nexo psíquico entre el autor y su hecho, que consiste en las formas que puede adoptar la culpabilidad, a saber: el dolo y la culpa. De este modo, la culpabilidad en el sentido de esta teoría se reduce a la neta comprobación del dolo o la culpa como vinculo psicológico que existe entre la persona y el hecho realizado.

A su vez, cabe destacar que para la concepción psicológica de la culpabilidad, la imputabilidad es considerada como un presupuesto de la culpabilidad, esto es, como un aspecto cuyo análisis resultaba previo al examen del nexo psicológico entre el autor y su hecho.

Se le objeta a esta teoría que no puede considerarse a la culpa o imprudencia como un mero nexo psíquico del autor con su hecho, toda vez que la misma tiene un carácter francamente normativo, pues la persona no ha querido causar el resultado que en efecto se produjo por desatención a la norma de cuidado. Además, se critica tal teoría en tanto la culpabilidad no puede restringirse a un concepto meramente naturalistico, por cuanto es mucho mas complejo y con diverso contenido al simple vinculo psicológico, restringido a la comprobación del dolo y la culpa como formas en que éste puede aparecer en cada caso.

Teoría normativa:

Dicha teoría es la mas dominante en la doctrina venezolana. Según la cual la culpabilidad no puede verse reducida a ese nexo psicológico entre el autor y su hecho, si bien es cierto entiende la necesidad de comprobar dicho nexo, sin que ello implique afirmar que el mismo sea lo único relevante a efectos de determinar la culpabilidad.

En tal sentido, la teoría normativa sostiene que la culpabilidad es mas bien el juicio de reproche que se hace a la persona por haber actuado de forma delictiva, es decir, en contrariedad con lo que la norma penal le exigía. Lo importante entonces, conforme a la teoría normativa, es la posición que fija la persona ante la norma, comportándose de forma contraria a ésta, y no ya simplemente el que haya querido actuar de una forma determinada, sino oponiéndose al Derecho, por lo que se trata de un juicio de valor que se hace respecto a la persona, con lo cual la culpabilidad no sería ya, como en la teoría psicológica, un concepto puramente descriptivo del vinculo psicológico entre el autor y su hecho, para pasar a entenderse mas bien como un concepto valorativo.

Igualmente cabe destacar, que para la teoría normativa de la culpabilidad, deja de ser un  presupuesto o aspecto previo la imputabilidad, que pasaría a integrar propiamente el elemento de culpabilidad, pues se le considera fundamental y necesario a los efectos de poder llevar a cabo el reproche a la persona por no actuar de otro modo al exigido por la normativa penal.

La Imputabilidad o Capacidad de Culpabilidad

La imputabilidad, como el propio término indica, se refiere a la posibilidad concreta de imputar el delito a la persona en tanto ésta comprende la ilicitud de su acto y puede dirigir su comportamiento conforme a esa comprensión, siendo una cualidad de la persona sin la cual no puede hacerse responsable a ésta por el hecho, en tanto el tal supuesto no puede motivarse por la norma penal, en virtud de diversas razones que pueden conllevar tal imposibilidad.

La imputabilidad también se denomina capacidad de culpabilidad, precisamente, porque la persona tiene que ser ante todo capaz de hacerse culpable por su acto; la imputabilidad es, en tal sentido, una especie de capacidad de obrar en materia penal. Si la persona no tiene esta capacidad, no podrá imponérsele una pena por el hecho cometido.

Así, pues, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad puede ser definida como el conjunto de condiciones biopsicologicas que permiten al individuo comprender y disponer su acción típica y antijurídica.

La mayoría de los ordenamientos jurídico-penales del mundo no definen expresamente lo que se entiende por imputabilidad, sino que mas bien presumen que toda persona es imputable, esto es, capaz de comprender y autorregularse

-La normalidad situacional.

Cuando se hace referencia a la normalidad situacional quiere significarse con ello que lógicamente si el contenido de la culpabilidad radica en que la persona no ha seguido el mandato de la norma, teniendo el acceso a ella, es preciso determinar si la situación en que la persona ha actuado era de tal naturaleza que no le impidiera razonablemente hacer lo que la indicación normativa precisamente le señalaba, siendo así que el derecho penal pretende regular la conducta de seres humanos, de personas de carne y huesos por decirlo más expresivamente, y no de seres heroicos, sobrehumanos o robóticos, que no estarían sujetos a ciertos estados, particularmente emocionales (con el miedo como mejor ejemplo), en que un momento dado puede realizar la persona una conducta delictiva, apartándose entonces de lo mandado por la norma.

Es por lo anterior que le asiste la razón a Gomez Lopez cuando sostiene que “el derecho se dirige a hombres normales que actúan en condiciones humanas normales, por lo mismo no puede exigir comportamiento heroicos o superiores a las fuerzas humanas, es así que ante situaciones extraordinarias de decisión se impone la exclusión de la culpabilidad” y esto porque, verdaderamente, la persona que actúa en esas condiciones no puede autodeterminarse de la misma forma de quien lo hace en condiciones normales, por lo que no puede afirmarse la imputación personal del injusto.

En efecto, en determinada situaciones anormales la persona, aunque conoce la antijuricidad de su comportamiento y es capaz de disponer y conocer lo que hace, no puede pretenderse razonablemente que siga en mensaje normativo y ajuste su conducta al mismo, pues esa anormalidad situacional viene a impedirle que se motive por la norma como debiera hacerlo en una situación normal, en la que no se encuentre afectada por una razón relevante.

Así, para concreta con un ejemplo, quien es apuntado con un arma y amenazado de tal forma para que le de muerte a su mejor amigo, ciertamente no actúa en el marco de una situación normal que le permita tranquilamente decirse así mismo “matar es un delito y es sancionado con una pena, en consecuencia no voy a matar a esa persona”; ante tal ausencia de normalidad situacional el individuo en lo que quizá menos piense sea precisamente en el mensaje normativo, y como el derecho penal, se reitera, lo que pretende es regular el comportamiento de seres humanos, de personas, no puede concebirse que tal individuo, a toda costa y a todo costo, deba ajustar su conducta a la norma, diciendo, por ejemplo, “como matar es un delito castigado yo no voy a matar aunque me lo están exigiendo poniéndome una pistola en la cabeza, en consecuencia prefiero que me maten”; ello podría ocurrir, y eso no pretende ser negado en esta obra, pero si no suceden así las cosas igualmente el derecho penal no puede imputar personalmente el injusto a dicho individuo, pues el mismo no estaba en condiciones razonable en entender el llamado de la normal.

Resulta claro que la normalidad situacional se constituye en un elemento fundamental a la hora de determinar la imputación personal del injusto.

La capacidad de culpabilidad disminuida.

Una persona puede tener una imputabilidad disminuida cuando puede ser penalmente responsable y aplicársele una pena, solo que su capacidad de culpabilidad es menor, tiene un grado inferior a quien goza de plena imputabilidad.

Ahora bien, debe decirse que la capacidad de culpabilidad disminuida se verifica cuando la persona, si bien puede aún comprender la antijuricidad y autodeterminarse, ve reducida su posibilidad de motivarse normalmente por la norma, de forma tal que le cuesta mucho mas de comprender el ilícito y ajustar su conducta de acuerdo a ello. Por tal razón, en este supuesto, como quiera que la persona es efectivamente imputable, se le aplica igualmente una pena, solo que la misma es atenuada, pues se toma en cuenta esa disminución en la capacidad de culpabilidad que ha sufrido la persona.

En el código penal venezolano se establece la denominada capacidad de culpabilidad disminuida en el art. 63, conforme al cual se rebajara la pena “cuando el estado mental indicado en el art. Anterior sea tal que atenué en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente”. De esta forma, se admite una atenuación de la pena cuando la persona vea disminuida de forma considerable su opción de entender el injusto o de controlar su conducta a los fines de conducirla una vez valorada la ilicitud del acto.

Las causas de inculpabilidad

El error de prohibición.

La persona que actúa en error de prohibición se equivoca sobre la ilicitud de su comportamiento por lo que cree que llevar a cabo el mismo no es algo que este jurídico- penalmente desaprobado.

El error de prohibición se trata del desconocimiento de la desaprobación juridico-penal de la conducta.

El error de prohibición puede configurarse en el caso concreto tanto porque la persona desconozca la ilicitud de la conducta, como porque incurra en una equivocación en virtud de la cual considere que su conducta, aunque prevista en una ley, se encuentre amparada por alguna razón que la autorice, así, por una causa de justificación. Es por ello que en la doctrina suele distinguirse un error de prohibición directo cuando el sujeto desconoce la ilicitud y otro indirecto cuando el sujeto cree actuar en supuesto de justificación.

En cuanto al error de prohibición directo podría decirse en el caso en que un ciudadano de los estados unidos de américa venga a Venezuela y al ver a un ministro del gabinete ejecutivo con el que está en desacuerdo empiece a gritar consignas en su contra como lo hace en su país, su puesto en el cual no podrá serle impuestas ninguna de las sanciones penales a que se refiere el segundo párrafo del art. 506 del código penal, que tipifica dichas faltas, como quiera que en este caso la persona desconoce que su conducta constituye un hecho punible siendo que, en el ordenamiento jurídico de su país ello no está penado en forma alguna.

El error de prohibición indirecto puede configurarse en casos como el siguiente: el padre golpea a su hijo causándole una fractura en el brazo considerando que actúa ajustado a derecho, es decir, justificadamente, en virtud de asistirle el derecho de corrección (siendo que en realidad su conducta se encuentra tipificada en el art. 439 del código penal venezolano y, en consecuencia, es realmente punible.

De igual modo, es imperativo advertir que en todos los casos habrá que determinar si el error de prohibición, bien sea directo o indirecto es invencible o no, ya que ello será fundamental para asignar efectos al mismo; así, cuando el error sea invencible o inevitable ello acarreara como es lógico la exclusión de la culpabilidad del agente, en tanto no se verifica en este supuesto el exigido conocimiento de la antijuricidad de la conducta; entre tanto, cuando el error sea vencible únicamente habrá de atenuarse o disminuirse la responsabilidad del sujeto actuante, es decir, procederá una rebaja de la pena correspondiente

Es definitiva, pues, cabe concluir que el error de prohibición debe ser considerado al momento de llevar a cabo imputación personal del injusto, determinando, si es invencible la exclusión plena de la culpabilidad, y si es vencible, la atenuación o disminución de la misma, vale decir, la rebaja de la pena aplicable.

El estado de necesidad inculpable.

El estado de carácter de necesidad puede tener tanto carácter justificante como disculpante, por lo que es importante examinar detenidamente cada supuesto a los fines de determinar si se trata de una causa de justificación o más bien de una causa de inculpabilidad.

La diferencia entre el estado de necesidad justificado y el estado de necesidad inculpable es que en el primero, como ya se estudió oportunamente, se produce un conflicto entre dos bienes jurídicos o intereses tutelados, siendo uno de ellos de mayor jerarquía o valor que el otro, por lo que el ordenamiento jurídico permite o autoriza excepcionalmente su lesión para salvaguardar o hacer prevalecer al interés de mayor valor, entretanto, en el estado de necesidad inculpable también se produce un conflicto entre dos bienes jurídicos, legítimos ambos, pero que tienen la misma jerarquía o valor (así por ejemplo, en el estado de necesidad justificado se enfrentan la vida y la propiedad; mientras que en el estado de necesidad inculpable se enfrentan la vida de una persona frente a la vida de otra).

Lo que ocurre en el estado de necesidad inculpable es que si bien los intereses enfrentados son de la misma jerarquía, en el caso concreto no puede pretenderse que el sujeto oriente su conducta de acuerdo a lo orientación normativa, siendo que actúa sin la necesaria normalidad situacional, lo que imposibilita que la persona ajuste su comportamiento  al llamado de la norma, lo cual conlleva necesariamente la exclusión de la culpabilidad.

Claro está que el estado de necesidad, para que se considere como causa de inculpabilidad, tendrá que reunir determinados requisitos, que son prácticamente los mismos que se exigen en el estado de necesidad justificado, y que se encuentran previstos en el ordinal 4 del artículo 65 de código penal venezolano.

Así pues los requisitos del estado de necesidad inculpable son, a la luz a la luz de la disposición legal antes citada, los siguientes: 1) obrar constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro, 2) la existencia de un peligro grabe o inminente, 3) que esa situación grabe o inminente no haya sido causada voluntariamente por el sujeto, y 4) que se obre solo ante la inevitabilidad y con proporcionalidad.

De esta manera, hay que concluir respecto al estado de necesidad que el mismo es un instituto mixto, en tanto puede configurarse como una causa de justificación (cuando los intereses en conflicto sean uno de mayor jerarquía que el otro) y como una causa de inculpabilidad (cuando los intereses contrapuestos sean de la misma jerarquía).

La coacción psicológica o vis moralis.

En la coacción psicológica o vis moralis la situación es distinta, como quiera que en este supuesto se trata de que la persona es amenazada o constreñida moralmente (no físicamente) a hacer o dejar de hacer algo determinado; en definitiva, en esta causa de inculpabilidad se somete a la persona, pero no a través de una fuerza física si no por medio de la coacción psicológica que se hace en la misma, por lo que en ese momento actúa en el marco de una situación anormal o irregular, es decir, su posibilidad de orientarse según la norma queda coartada, aunque no excluida completamente, por efecto de tal coacción moral.

Ejemplo de la coacción psicología o vis moralis lo constituye el supuesto en el que un delincuente apunta con una pistola al cajero de un banco y le ordena entregar todo el dinero (que evidentemente no le pertenece a el cajero si no a los ahorrista), por lo que este accede al pedimento al verse coaccionado de semejante forma.

A quien coacciona psicológicamente a otra persona a realizar un delito (volviendo a uno de los ejemplos, el homicidio de un tercero), aparee como autor mediato del mismo, nunca como participe o como actor director o como coactor, pues en realidad tiene el dominio del hecho por dominio de la voluntad.

Cabe mencionar que la coacción psicológica se encuentra ciertamente cercana al estado de necesidad inculpable, en el que precisamente la persona también se encuentra constreñida; no obstante, para distinguir la coacción psicológica del estado de necesidad inculpable puede decirse que en el primer caso de amenaza o coacción proviene o es ejercida por un tercero cualquiera, mientras que en el estado de necesidad inculpable el motivo del constreñimiento no es provocado por el tercero, este no coacción al sujeto actuante, si no que es la propia situación la que origina un tal constreñimieto que determina a la persona a salvar su persona o la de otro de un peligro al que esta sometido en un momento dado.

-La objeción de conciencia

La objeción de conciencia debe tener efectos exculpantes en los supuestos a los que la misma se refiere la persona actúa movido por su propia conciencia que le dicta hacerlo así  aunque ello implique realizar un comportamiento que se encuentra jurídico-penalmente desaporbado, desatendiendo así el llamado de la norma. Esto es fundamental cuando se verifica una situación de objeción de conciencia, por ejemplo, en el caso en que un medico realice una transfusión de sangre a una persona que pertenezca a la religión de los testigos de jehova desatendiendo a la creencia  y solicitud de esta de no recibir la misma, por hallarse en su conciencia como imperativa la necesidad de salvarle la vida; caso en el cual dicho medico es inculpable al haber actuado en el marco de una objeción de conciencia. Claro esta que la objeción de conciencia no puede ser comprendida como ilimitada.

La objeccion de conciencia encuentra limites en la motivación de la decisión del objetor, lo cual conllevara que, precisamente por ello, no pueda versar en principio sobre derechos fundamentales de tercero como la vida. Resulta necesario indicar, que entonces, que no podría admitirse, por ejemplo, la objeccion de conciencia en el caso en que un fanatico religioso diese muerte a su vecino ateo por considerar que toda persona debe profesar su religión.

-La denominada defensa subjetiva

Debe observarse en primer termino que la defensa subjetiva se encuentra directamente enlazada con la legitima defensa la cual, como se estudio en esta obra, es la mas importante causa de justificación del ordenamiento jurídico-penal, es decir, es la conducta justificada por excelencia. En efecto en el único aparte del ordinal 3 del art. 65 del condigo penal venezolano (disposición que se refiere a la legitima defensa), se recoge la defensa subjetiva, es decir, aquella que se deriva de la incertidumbre, temor o terror de la persona que se defiende (y de allí lo de subjetivo, pues se realiza dentro de un determinado estado subjetivo de la persona), lo que se equipara a la legitima defensa según se dice en el aparte en cuestión.

En este supuesto de inculpabilidad la persona traspasa los limites de la legitima defensa (por lo que también se habla de un exceso en la defensa) por esas condiciones subjetivas en las que se encuentra y las cuales determina la exclusión de la debida normalidad situacional, sobre lo que se fundamenta precisamente  el que la persona no este obligada a un conducta conforme a la norma, pues, como se ha dicho antes, el derecho esta dirigido a personas de carne y hueso, a seres humanos, y no a robots ni a súperhéroes, por lo que tales personas están sujetas a la incertidumbre, el temor o terror en determinadas circunstancias, y esto es algo que al derecho penal no puede serle ajeno al momento de realizar el juicio de imputación personal del injusto. Así  al tratarse de una causa de inculpabilidad, debe subrayarse que contra la defensa subjetiva ciertamente cabe la legitima defensa, de modo tal que la persona puede defenderse legítimamente de quien incurre en un exceso por terror, temor o incertidumbre, ya lo que en tal supuesto se excluye es la culpabilidad  pero la antijuricidad de la conducta excesiva se mantiene.

-La obediencia a las ordenes superiores.

El caso de la obediencia a las ordenes superiores es particular por cuanto ciertamente se ha visto afectado por la evolución del pensamiento jurídico a este respecto, en virtud de lo cual, justamente, se ha dejado de entender como causa de justificación, al sostener que el derecho penal no puede legitimar que un subordinado cometa actos delictivos para luego simplemente excusarse alegando que cumplía una orden superior por lo que se trataría de una obediencia absolutamente mecánica y ciega, algo completamente inaceptable a luz del progresivo respeto de los derechos humanos y la configuración de un verdadero derecho penal internacional en el que también los individuos, y ya no solo los estados, han de responder por la violación de aquellos. Es por tal motivo que con meridiana claridad el texto del art. 33 del estatuto de la corte penal internacional comienza señalando que no será eximido de responsabilidad penal quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior.

Aun mas, la propia constitución venezolana ha establecido categóricamente en su art. 25 que todos aquellos funcionarios que violen los derechos garantizados por la constitución y la ley incurren en responsabilidad penal, sin que le sirva de excusa órdenes superiores, por lo que la in admisibilidad de la obediencia a dicha ordenes como causa de justificación tiene incluso rango constitucional en el ordenamiento jurídico venezolano.

En este orden de ideas, entonces, no podrá considerarse licita, por ejemplo, la actuación de un soldado que cumple la orden de un superior de dar muerte a las mujeres y niños que se encuentren en el lugar sitiado por las fuerzas militares, en tanto, se reitera, tal conducta, por el solo hecho de que se derive de una orden superior, no puede en modo alguno perder en todo su carácter de ilícita o antijurídica, porque lo sigue siendo, lo que puede ocurrir, como se dijo antes, es que el inferior se vea coaccionado psicológicamente a cumplir tal orden o que el mismo incurra en un error de prohibición al creer que la orden era licita, excluyéndose de tal forma la culpabilidad tanto en una hipótesis como en la otra.