Principios generales del Derecho Probatorio

Principio de la Competencia

Se refiere a que el mismo tribunal que ha conocido de las alegaciones, debe conocer de las pruebas que se aportan para contrastar los hechos alegados. El marco global de este principio está definido en el art. 253 párr. 2° y lo que estipula el n° 4 del art. 49 de la CN (Juez Natural). En el CPC los art. 388, 389 y 897, no deja lugar a dudas acerca del principio de la competencia pues, el tribunal que conoce de la demanda debe conocer de las pruebas. Este principio está íntimamente vinculado con la inmediación, en el sentido que el juez que conoce de la causa, debe llevar a su cargo todo el proceso probatorio.

Principio de la publicidad

 Se refiere a que todas las actuaciones judiciales de prueba deben ser públicas, factibles a ser presenciadas por todos, en especial a las partes se les debe permitir intervenir en el control y práctica de la prueba para hacer las observaciones y objeciones que consideren más convenientes para sus derechos e intereses. La prueba puede y debe ser conocida por cualquier persona, ya que proyectada la prueba en el proceso adquiere un carácter social, lo que hace posible un juzgamiento adecuado y seguro. Por ello en la sentencia los hechos y las pruebas deben ser explicitas, de modo que toda persona pueda entender que fue lo que paso. Este principio tiene su fundamento legal en el art. 24 del CPC.

Principio de la contradicción

Se refiere a que las partes tienen la posibilidad de cuestionar  preventivamente todo aquello que luego pueda influir en la decisión final. La parte contra la cual se postula, se opone o aporta una prueba o alegación, le corresponde oír a la contraria, este principio persigue que todo acto procesal desde aquel que posee la pretensión, hasta los oponentes, merecen replica y, en su caso prueba que los desvirtúe. Este principio exige que la práctica de la prueba se realice con el conocimiento de la otra parte para que tenga oportunidad de hacer valer sus derechos en la ejecución probatoria, es decir que rechaza la prueba secreta realizada a espalda de las partes o de una de ellas. Es un principio del proceso civil, que la constitución le ha asignado rango constitucional en cualquier proceso, y está íntimamente relacionado con el derecho a la defensa en los n° 2 y 3 del art. 49 de la CN.

Principio de la igualdad probatoria.

Se refiere a que las partes disponen de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de las pruebas, los mismos procedimientos para incorporar y practicar las pruebas, así como las mismas oportunidades para impugnar o rechazar las pruebas del contrario. Es decir deben tener las mismas ocasiones para la defensa de sus derechos e intereses; de igual forma, los privilegios son contrarios a la garantía constitucional que consagra la igualdad probatoria y a la legalidad, por ello no pueden existir procedimientos u oportunidades privilegiados para ninguna de las partes. Este principio tiene su fundamento legal en el art. 15 del CPC.

Principio de la congruencia.

Se refiere a la relación que debe existir entre lo alegado y lo probado en autos. La norma rectora de este principio está pautada en el art. 12 del CPC, que dispone que el juez deba atender lo alegado y lo probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, si suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. Este principio forma parte de la relación entre los hechos alegados y medios probatorios, de tal manera que la oferta de medios probatorios debe adecuarse a los hechos alegados. Además solo se podrán practicar aquellos medios admitidos que contengas hechos alegados y controvertidos.

Principio de la carga de la prueba

Se refiere a que en los procesos, las partes llevan sobre sí la obligación de demostrar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación invocan, ya que el juez no puede fallar por intuición, creencia, ni con fundamento en su conocimiento personal de los hechos, que no estén probados en el proceso. En principio, en el proceso civil recae la carga de la prueba en el demandante, no obstante la carga de la prueba se distribuye entre las partes, conforme a lo establecido en el art. 506 del CPC.

Principio de la lealtad y probidad procesal

Se refiere a que las partes no pueden usar los medios de prueba para esconder o desfigurar la realidad, para tratar de conducir al engaño al juez y obtener un beneficio que no les corresponde. Este principio se deriva de la ética jurídica y su aplicación en el proceso, que está destinada a producir confianza y seguridad. La conducta desleal y engañosa está prohibida, estableciéndose en el art. 17 del CPC  la facultad al juez para sancionar faltas de lealtad y probidad en el proceso. Las partes no pueden deformar y entorpecer el curso normal del proceso, mediante la promoción temerosa y dolosa de medios probatorios no idóneos, impertinentes y no adecuados.

Principio de la preclusividad.

 La preclusión procesal es la perdida de la oportunidad para realizar un acto procesal, aplicado a las pruebas se dirá que es la perdida de oportunidad para promover, impugnar o evacuar pruebas. Es una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se relaciona con el principio de contradicción y lealtad procesal, persiguiéndose impedir que se sorprenda a la otra parte con pruebas de último momento.

Principio de la libertad probatoria.

Según Devis Echandia, este principio tiene dos aspectos, a saber: libertad de medios y libertad de objeto. El primero se refiere a que no debe haber limitación legal acerca de los medios probatorios admisibles, dejando al juez la facultad para la calificación de su pertinencia y el segundo se refiere a que puede probarse todo hecho que tenga relación con el proceso y que las partes puedan intervenir en la práctica. Este principio está consagrado en el art. 395 del CPC al determinar que las partes pueden valerse de cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley.

Principio de la inmediación.

Se refiere a que el juez tiene que estar relacionado con las pruebas que se presenten en el juicio. La aplicación de este principio contribuye con la autenticidad, la seriedad la oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba. Este principio conlleva dos aspecto fundamentales para garantizar el cumplimiento de las formalidades, la igualdad probatoria y la contradicción, los cuales son: 1) Que el juez sea quien reciba y se pronuncie acerca de su admisibilidad y 2) que intervenga en su práctica, no solo como observador en la realización de la misma, sino que asuma iniciativas conforme a sus facultades. De la aplicación de este principio se deriva dos consecuencias importantes: A) El juez puede apreciar mejor la prueba, puesto que está en contacto directo con su evacuación y; B) El juez puede intervenir en ella con la intensión de ampliar su conocimiento del caso.

Principio de la exhaustividad.

Como consecuencia del principio de libertad probatoria, la ley le impone al juez civil la obligación de valorar y analizar todas y cada una de las pruebas que cursen en autos. La falta de análisis según prevé el art. 243 del CPC es una causal de nulidad de la sentencia, cae en el vicio de omisión o silencio de la prueba, también conforme al art. 320 eiusdem da pie a casación. La exhaustividad está conectada directamente con la tutela efectiva, en el sentido que tenemos derecho a ser oído, pero de la misma forma a tener respuesta de las peticiones y alegatos.

Principio del control de la prueba.

Se refiere a que las partes tienen el derecho de acceder a las pruebas para analizar su pertinencia y licitud, es decir, tienen el derecho a que las mismas se ajuste a la legalidad, razón por la cual las partes pueden oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes. Este principio y el principio de contradicción, son un aspecto del derecho a la defensa, por lo tanto son una garantía constitucional, ambos son pilares estructurales del derecho probatorio por emanar directamente del debido proceso y el derecho al defensa, previsto en el art. 49 de la CN más concretamente en el nral 1.

Principio de la comunidad de la prueba.

Se refiere a que la prueba pertenece al proceso, en este sentido, la prueba ya no es de quien la aportó, sino a la comunidad procesal, de manera que una vez incorporada al proceso debe ser tenida en cuenta, sea que resulte en provecho de quien la aporto  o de la contraparte, quien también legítimamente puede invocarla. Este principio determina dos consecuencias: 1) la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento de la prueba una vez practicada y 2) la prueba tiene efectos integrales para las partes en el proceso, es decir, no se puede pretender que las pruebas se aprecien en lo favorable a la parte que la aporto y no se aprecie lo desfavorable.

Principio de la disposición y renunciabilidad de la prueba.

En principio, las partes pueden disponer libremente de los medios probatorios para demostrar sus alegatos. Puede usar todos los medios que estén a su alcance. Incluso las partes en común acuerdo puede alterar los lapsos, conforme a lo que establece el art. 203 o reducirse a lo estipulado en el art. 389 ord. 3, o también evacuar en cualquier grado y estado de la causa, cualquier clase de prueba en que tenga interés, pueden incluso, desistir de la prueba pedida y no practicada.

Principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos.

Se refiere a la imparcialidad del juez. La sentencia debe estar basada en los hechos demostrados con las pruebas aportadas por las partes y las que provengan de la facultad del juez, sin que éste pueda suplirlas con el conocimiento privado y personal que tenga sobre los hechos, porque sería transgredir los principio de igualdad de las partes, de la contradicción, del control de la prueba y de la publicidad, este principio se encuentra consagrando en el art. 26 de la CN.

Principio del interés público de la prueba

La prueba cumple diversas finalidades entre ella, buscar la verdad, la justicia y llevar la certeza al intelecto del juez  de la existencia o inexistencia de un hecho, para que su fallo sea una aproximación muy cercana a la verdad y la justicia. En este sentido, en la prueba tiene interés la sociedad para que se satisfaga la justicia, en virtud de lo que establece el art. 257 de la CN. Por su parte el art. 253 de la CN establece que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos, lo que significa que hay un interés social en la búsqueda y el logro de ese valor.

Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba.

Se refiere a que deben mantenerse las formalidades que afecten directamente  la esencialidad del acto, caso contrario no. Esto se debe a que las formalidades esenciales ofrecen garantía de que la prueba es veraz y tiene probidad. Por otra parte, en el proceso mismo las pruebas deben cumplir unos requisitos para su aporte, lo cual incide en la garantía de la publicidad y el control de la prueba, formalidades que son de tiempo, modo y lugar. Además de los requisitos de legitimidad de abstención, se requiere que la prueba provenga de su sujeto legitimado para promoverla y evacuarla, esto se debe a que no cualquier sujeto puede intervenir en la actividad probatoria, se tiene que ser un sujeto legitimado, bien como parte o intervenir porque así lo requiere la ley. Este principio está fundamentado en el art. 257 de la CN.

Principio de la imparcialidad.

Se refiere a que el juez debe ser imparcial. Este principio tiene una connotación constitucional puesto que en el art. 26 de la CN, señala entra otras características que, la justicia debe ser imparcial, de modo que los jueces inspiren confianza a los justiciables. En cuanto a la actividad probatoria el juez no debe tener interés en el resultado de la práctica probatoria, ni menos una relación afectiva positiva o negativa con relación a la fuente de prueba.

Principio de la gratuidad.

El principio de gratuidad está consagrado con garantía constitucional en el art. 26 de la CN, estableciendo que el estado garantizara una justicia gratuita, sin embargo aún se mantienen las cargas para la práctica de algunas pruebas, como por ejemplo en el caso de experticia. Lo que se traduce a una violación de la norma constitucional en los casos en que no se pueda realizar una prueba por la existencia de un límite económico.

Principio de la prueba ilícita.

Se refiere a que serán nulas todas las pruebas que sean obtenidas mediante la violación del debido proceso. Esto es una norma de carácter sustancia que implica una protección general, por lo que no debe verse como una formalidad que ha de ser cumplida procesalmente. Las normas aplicables a las pruebas tienen dos rangos: 1) Constitucionales: Que en caso de ser transgredidas, hay violación constitucional o que en el caso probatorios, sean obtenidas sin cumplir las exigencias constitucionales configuran la ilicitud y generan de inmediato nulidad de pleno derecho. 2) normas procesales: relativas a las experticias, a la declaración de testigos, etc. En estos casos hay “prueba irregular”, pues se obtiene o se incorpora al proceso en violación de una norma de rango no constitucional. Este principio tiene su fundamento constitucional en el n° 1 del art. 49 de la CN.

Principio de la inmaculación de la prueba.

Se refiere a que el juez tiene la obligación  por razones de debido proceso y mandato constitucional  de justicia eficaz y expedita, de purgar el proceso de vicios, de manera que no dé pie a reposiciones o anulaciones de actos. En este sentido, la inmaculación de la prueba significa que los medios adquiridos en el proceso están libres de vicios intrínsecos y extrínsecos que los hagan ineficaces o nulos. Las causas específicas de actos probatorios nulos son: Extemporaneidad,  prueba ilícita, ausencia de anuncio de práctica de prueba, ausencia de contradictorio (prueba sorpresa que no dé a la otra parte oportunidad de contradecir o impugnar)  y no cumplir con los requisitos de existencia y validez de la prueba.

Principio del deber que tienen las partes de colaborar en la prácticas de las pruebas.

El principio de que nadie puede ser obligado a suministrar pruebas en su contra tiene sustanciales restricciones, dentro de las cuales están: Deber de exhibición, deber de firmar para el cotejo, deber de declarar, deber de colaborar en la reconstrucción de los hechos, inspecciones y reproducciones. Este deber no solo afecta a las partes, sino al Estado, cuando este forma parte del proceso.

Principio de la idoneidad y pertinencia de la prueba.

Este principio es una limitación de la libertad de medios probatorios. Pertinencia y la idoneidad son conceptos que no debe confundirse en la valoración de la prueba.  La pertinencia se refiere a la relación que existe entre el medio probatorio y los hechos que se quieren probar y la idoneidad se refiere a la correspondencia que existe entre el medio, la finalidad de probar y lo permitido por la ley, es decir, que sea capaz de conducir hechos al proceso.

Principio de la abstención coactiva de los medios de prueba.

Se trata de una técnica que a veces usa el legislador para alcanzar en conocimientos de ciertos hechos. La abstención coactiva de las fuentes de prueba o la práctica de medios de prueba, resulta como consecuencia de carios valores: la verdad, la justicia y la solidaridad y de principio como: comunidad de la prueba, lealtad y probidad. Esto permite al juez el allanamiento de inmuebles, el acceso a archivos públicos y privados, a la exhibición de documentos, imponen ciertas sanciones a las partes y a los testigos para que comparezcan al interrogatorio. A raíz de esto se debe tener cuidados de no caer en arbitrariedades y consecuentemente en la violación de los derechos de las personas.